La adopción de la Declaración de los Derechos de las Campesinas, Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales representa un avance normativo relevante en el reconocimiento de este sector como sujeto específico de derechos humanos, aunque su sola aprobación no garantiza transformaciones reales sin mecanismos efectivos de implementación y seguimiento. En un contexto de crisis global, desigualdad persistente y creciente preocupación ambiental, se plantea la necesidad de desarrollar sistemas de medición que permitan evaluar el grado de adopción y cumplimiento de estos derechos, considerando su carácter progresivo y las responsabilidades tanto de los Estados como de otros actores públicos, privados y multilaterales. La propuesta de indicadores cuantitativos y cualitativos se presenta como una herramienta clave para visibilizar la situación de las poblaciones rurales, incidir en las políticas públicas y fortalecer la acción de la sociedad civil, reconociendo que toda medición es también una construcción política que influye en la interpretación de la realidad y en las posibilidades de transformación social.