La huelga de hambre iniciada por presos políticos mapuche en 2010 es solo la expresión más visible de un conflicto histórico y estructural entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Detrás de esta protesta emergen siglos de despojo territorial, violencia institucional y marginación económica, profundizados por el modelo neoliberal y la expansión forestal que ha cercado a las comunidades en tierras degradadas y de baja productividad. La aplicación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura, ha agravado la criminalización de sus demandas, desconociendo la legitimidad de una lucha que busca justicia, autonomía y la recuperación de su territorio ancestral. El desafío para Chile es demostrar que puede superar una relación basada en el control y el castigo, y abrir camino a un reconocimiento real de la identidad, los derechos y las propuestas del pueblo mapuche, cuya resistencia persiste como un llamado urgente a repensar el proyecto de país.