Las restricciones legales impuestas en Colombia para limitar la reserva, intercambio y uso tradicional de semillas han generado tensiones profundas entre las comunidades rurales y el Estado, al favorecer modelos agrícolas dependientes de semillas certificadas y de empresas transnacionales a costa de prácticas ancestrales esenciales para la seguridad alimentaria. La Resolución 970, alineada con compromisos de tratados de libre comercio, penaliza técnicas históricas de selección y resiembra que han sostenido por generaciones a campesinos, indígenas y afrodescendientes, mientras protege estrictamente la propiedad intelectual asociada a semillas modificadas genéticamente. Esta asimetría normativa contrasta con instrumentos internacionales que reconocen el valor de los conocimientos tradicionales y exigen participación justa en los beneficios derivados de su uso. El desafío consiste en demostrar que la sostenibilidad rural colombiana depende de respetar, proteger y fortalecer estas prácticas, integrándolas en políticas agrarias inclusivas que contribuyan a la diversidad cultural, la autonomía comunitaria y la construcción de una paz territorial duradera.