La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales de Ecuador, presentada como un instrumento para democratizar el acceso a la tierra y fortalecer la soberanía alimentaria, en realidad profundiza desigualdades históricas al reproducir un modelo agrícola centrado en la agroindustria y la productividad, sin reconocer las condiciones estructurales que afectan especialmente a las mujeres campesinas, indígenas, montubias y afroecuatorianas. Pese a que la Constitución garantiza la redistribución, prohíbe el latifundio y establece la igualdad de género en el acceso a recursos productivos, la Ley omite mecanismos efectivos de redistribución, no limita la concentración de tierras y consolida un mercado controlado por el Estado que excluye a quienes no tienen capacidad económica para comprar tierra. Al ignorar el trabajo no remunerado, el papel central de las mujeres en la agricultura familiar y los saberes campesinos esenciales para la soberanía alimentaria, el marco legal refuerza relaciones patriarcales y debilita la autonomía de quienes sustentan la vida rural. El reto consiste en demostrar que una transformación real del campo ecuatoriano requiere políticas que partan de la justicia de género, la diversidad productiva y la participación efectiva de las organizaciones campesinas.