La interculturalidad se presenta como un campo de disputa política y epistemológica frente a las persistentes estructuras coloniales y capitalistas que regulan la vida social, productiva y normativa en países latinoamericanos declarados interculturales, como el Ecuador. A partir del análisis de la normativa sobre semillas y agrobiodiversidad, se evidencia cómo el reconocimiento formal de la diversidad cultural convive con mecanismos de control estatal y técnico-científico que subordinan los saberes campesinos y ancestrales a lógicas productivistas y de mercado. Frente a ello, se plantea la necesidad de una interculturalidad crítica que supere el multiculturalismo funcional, promueva el diálogo equitativo de saberes y defienda el derecho a la vida —tierra, agua y semillas— como base para la construcción de una agricultura pluriversal, sustentada en la autodeterminación de los pueblos, la justicia social y la sostenibilidad ecológica.