La promulgación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable en Bolivia refleja una preocupación creciente por el deterioro de los sistemas alimentarios y la pérdida de prácticas tradicionales asociadas a la producción y preparación de alimentos. Este proceso se inscribe en un contexto marcado por la devaluación social del trabajo campesino y doméstico, especialmente el realizado por mujeres, así como por una profunda desconexión entre la producción agrícola y el consumo urbano. La creciente mercantilización de los alimentos, impulsada por la estandarización industrial y la lógica de las marcas, ha erosionado saberes, identidades y hábitos alimentarios, generando dietas menos saludables y una mayor dependencia de productos procesados. En este escenario, la ley surge como un intento de regulación estatal que busca contrarrestar estos efectos, aunque enfrenta el desafío de no profundizar la exclusión de pequeños productores, quienes desarrollan estrategias de resistencia y adaptación frente a un sistema agroalimentario que tiende a invisibilizarlos.