La soberanía alimentaria en Bolivia enfrenta una profunda tensión entre el marco legal que promueve la compra pública de alimentos locales y las prácticas reales que limitan la participación efectiva de pequeños productores rurales. A pesar de los avances normativos logrados desde fines de los años noventa y de los mandatos constitucionales que priorizan la producción nacional, las compras públicas continúan favoreciendo productos procesados y certificados bajo estándares alejados de la realidad productiva campesina. Este desencuentro entre la demanda institucional y la oferta local, sumado a exigencias administrativas, sanitarias y de certificación que benefician a la agroindustria, convierte a muchos alimentos legítimos del consumo rural en productos “ilegales” para el mercado público. En este contexto, la contradicción entre legalidad y legitimidad debilita la sostenibilidad de las compras locales y evidencia la necesidad de replantear los sistemas de certificación y fortalecer las capacidades institucionales para que el poder de compra del Estado contribuya efectivamente al desarrollo rural y a la soberanía alimentaria.