A una década de la aprobación de la Constitución Política del Estado, Bolivia continúa transitando un proceso de construcción postconstituyente que exige repensar el desarrollo territorial desde la pluralidad, el ejercicio efectivo de la ciudadanía y nuevas formas de gestión pública. En este contexto, la implementación de las autonomías indígena originario campesinas se plantea como un eje estratégico para reducir la pobreza y la desigualdad rural, fortalecer el autogobierno y reconfigurar la relación entre el Estado y los territorios, articulando economía comunitaria, pluralismo económico y participación social. No obstante, persisten tensiones estructurales entre el modelo extractivo predominante y las propuestas alternativas de desarrollo sustentable y “vivir bien”, así como limitaciones institucionales y normativas que dificultan la consolidación de estas autonomías. El desafío central radica en fortalecer la gobernabilidad territorial, la planificación integral y la concertación entre actores públicos y sociales, a fin de avanzar hacia un desarrollo diversificado, equitativo y sostenible en los territorios indígenas del país.