La crisis climática se manifiesta de forma cada vez más severa en el norte amazónico boliviano, afectando directamente los medios de vida de las familias campesinas e indígenas que dependen del aprovechamiento sostenible del bosque y de la producción agroforestal. Las sequías prolongadas, el aumento sostenido de las temperaturas, la deforestación y la expansión de la ganadería extensiva han alterado los ciclos hidrológicos y productivos, provocando una drástica reducción en cultivos clave como el plátano, fundamental tanto para el autoconsumo como para la generación de ingresos. Entre 2020 y 2021, la irregularidad de las lluvias y los vientos tardíos ocasionaron pérdidas de hasta el total de la producción, agravando la vulnerabilidad económica de familias ya golpeadas por la pandemia del Covid-19. A ello se suma la precariedad de los mercados, la ausencia de incentivos productivos, la falta de apoyo técnico y de políticas públicas orientadas a la adaptación climática, lo que expone la urgencia de asumir la protección de la Amazonía como una responsabilidad colectiva y de fortalecer modelos de desarrollo rural que articulen sostenibilidad ambiental, justicia económica y reconocimiento del rol de las comunidades locales en la conservación de los bosques.