La Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) enfrenta un conjunto de desafíos estratégicos en un contexto de profunda crisis política, económica e institucional en Venezuela, marcado por la incertidumbre constitucional y la fragilidad en la garantía de los derechos indígenas. Si bien la Constitución de 1999 reconoce un amplio catálogo de derechos, su materialización —en especial el derecho al territorio— sigue siendo limitada, con avances mínimos en los procesos de demarcación y una creciente presión extractivista sobre los espacios indígenas. A ello se suma la fragmentación territorial, la cooptación política de las organizaciones indígenas y la pérdida de autonomía del movimiento indígena nacional, factores que debilitan su capacidad de incidencia. En este escenario, se plantea la necesidad de fortalecer las organizaciones regionales, consolidar la jurisdicción indígena, armonizar la protección ambiental con los derechos territoriales y avanzar hacia un nuevo marco jurídico que garantice justicia, autodeterminación y reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas en Venezuela.