Las comunidades indígenas en Argentina enfrentan un largo historial de racismo, despojo territorial y negación estatal, pese a la existencia de leyes que formalmente reconocen sus derechos. La persistente distancia entre la normativa y su aplicación se evidencia en la falta de implementación de políticas como la creación y funcionamiento del INAI, el incumplimiento de relevamientos territoriales y la continuidad de desalojos y represiones. Paralelamente, la expansión del modelo extractivista —impulsado por grandes empresas mineras, agroindustriales y energéticas— profundiza la violencia, la pérdida de territorios y las vulneraciones sanitarias y sociales que padecen los pueblos originarios. Aun así, diversas comunidades sostienen procesos de resistencia, organización y lucha por la autodeterminación, buscando que sus derechos sean reconocidos efectivamente frente a un Estado que históricamente ha reproducido prácticas coloniales.