La paz territorial en Colombia exige transformar la relación histórica entre el Estado y las comunidades rurales mediante una nueva institucionalidad participativa que enfrente las causas estructurales del conflicto, como la concentración de la tierra, el narcotráfico, la exclusión social y la ausencia de planeación democrática. Se destaca la necesidad de reconocer y articular las diversas propuestas de ordenamiento territorial de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como de garantizar mecanismos reales de participación que superen prácticas centralistas y clientelares. Además, se cuestiona la coherencia entre las políticas rurales contemporáneas y los acuerdos de paz, advirtiendo que iniciativas como las ZIDRES pueden profundizar desigualdades. En conjunto, se plantea que la construcción de una paz duradera depende de adoptar modelos de desarrollo rural incluyentes, respetuosos de los territorios y capaces de responder a las necesidades y derechos de las poblaciones históricamente marginadas.