La situación de las juventudes rurales en Sudamérica evidencia una combinación persistente de pobreza estructural, invisibilidad institucional y escasa participación en la formulación de políticas públicas, pese a que enfrentan condiciones socioeconómicas más severas que sus pares urbanos. Datos regionales —como los expuestos en la tabla de la página 2, donde la pobreza juvenil rural supera el 60% en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay o Bolivia— muestran que la exclusión afecta con especial dureza a mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta marginalidad se reproduce en políticas fragmentadas, adultocéntricas y centradas en enfoques compensatorios que no consideran la diversidad cultural ni las realidades rurales. Frente a ello, se plantea la urgencia de promover formas de participación que otorguen verdadero poder de decisión a las y los jóvenes, permitiendo que su intervención política, social y comunitaria contribuya a transformar los territorios, fortalecer la democracia y disputar modelos de desarrollo que actualmente amenazan sus derechos, identidades y perspectivas de futuro.