Impulsar un nuevo ciclo de investigación agraria en la región andina supone cuestionar varios supuestos sobre el papel del Estado, las ONG y las universidades en la producción de conocimiento rural. El texto muestra que, tras décadas de abandono estatal y delegación de la investigación a las ONG, hoy emergen escenarios donde la crisis alimentaria, el retorno de gobiernos con mayor protagonismo estatal y las nuevas constituciones de países como Bolivia y Ecuador obligan a replantear agendas, metodologías y alianzas. Sin embargo, esta renovación enfrenta tensiones estructurales: leyes que no se aplican, expansión del agronegocio y extractivismo, disminución de fondos de cooperación y una investigación fragmentada y dispersa. El reto consiste en demostrar que es posible articular actores diversos y construir un sistema investigativo coherente, participativo y capaz de orientar políticas públicas que reconozcan y fortalezcan a la producción campesina indígena.