La revisión de tres proyectos extractivos financiados directa o indirectamente por el BNDES en Argentina, Brasil y Perú revela un patrón estructural en Sudamérica: grandes emprendimientos mineros y de fertilizantes avanzan con escasa transparencia, altos costos ambientales y graves afectaciones sociales, mientras los marcos legales y los organismos de supervisión se muestran insuficientes para proteger a las comunidades involucradas. Tanto la paralización del proyecto Potasio Río Colorado en Argentina, como los pasivos ambientales persistentes de Fosfértil en Brasil y las violaciones a derechos laborales, territoriales y de consulta previa en Bayóvar, Perú, evidencian fallas sistemáticas en la evaluación de impactos, en los mecanismos de participación ciudadana y en la rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos. Los casos muestran cómo la expansión extractiva se impone sobre la sostenibilidad de ecosistemas, la salud y la autonomía de poblaciones locales, cuestionando el modelo de desarrollo que prioriza la rentabilidad corporativa sobre el bienestar colectivo. El desafío consiste en demostrar que la inversión pública transnacional debe responder a estándares ambientales y sociales vinculantes que garanticen transparencia, derechos y justicia para las comunidades afectadas.