La crisis del agua en el lago Titicaca, las lagunas de Cajamarca y la Amazonía revela las profundas contradicciones entre los discursos estatales de emergencia ambiental y las prácticas desarrollistas que continúan reproduciendo la degradación de los ecosistemas hídricos en Bolivia y Perú. A pesar de los compromisos binacionales, los anuncios de inversión y el reconocimiento simbólico del agua como elemento vital y cultural, la contaminación acumulada por décadas de actividad minera, industrial y urbana, junto con la expansión de proyectos extractivos e hidroeléctricos, ha generado una situación crítica que afecta de manera directa a las poblaciones indígenas y ribereñas. La falta de materialización de políticas estructurales, la criminalización de la protesta y la deslegitimación de las voces comunitarias evidencian una brecha persistente entre el derecho reconocido y su ejercicio efectivo. Frente a ello, las prácticas locales de defensa del agua, la limpieza comunitaria de los cuerpos hídricos y la resistencia territorial expresan alternativas que cuestionan la lógica del agua como recurso económico y reafirman su carácter de bien común, indispensable para la vida y la continuidad de los territorios.