El cambio de gobierno en Ecuador en 2017 abrió un escenario de recambio político que, lejos de significar una ruptura estructural con el ciclo de la Revolución Ciudadana, evidenció continuidades conservadoras en el manejo del Estado y, en particular, en la política agraria. El distanciamiento entre Lenín Moreno y Rafael Correa derivó en una reconfiguración de alianzas políticas y económicas, marcada por el retorno de sectores empresariales tradicionales, el debilitamiento de las bases orgánicas del movimiento gobernante y una estrategia de diálogo que legitimó demandas de corte neoliberal. En este contexto, las organizaciones indígenas y campesinas enfrentan un margen reducido de incidencia política, mientras que la denominada “Gran Minga Agropecuaria” reproduce un modelo orientado al agronegocio, la reprimarización y la subordinación campesina, profundizando la deuda agraria y alejándose de los principios de soberanía alimentaria y transformación estructural del campo ecuatoriano.