La crisis en torno a la Ley de Aguas en Ecuador revela una fractura política mucho más profunda que un simple desacuerdo legislativo. Más allá del estancamiento en la Asamblea, el conflicto se sostiene sobre tres supuestos fundamentales: que la nueva Constitución abrió un horizonte plurinacional que aún no ha sido comprendido ni aplicado por el Estado; que el movimiento indígena, encabezado por la CONAIE, disputa no solo la redistribución del agua, sino el derecho a participar en la definición de la autoridad y en la gobernanza del recurso; y que la polarización entre gobierno y organizaciones sociales ha desplazado a otros actores y debilitado la posibilidad de construir una política pública inclusiva. El reto para Ecuador es demostrar que puede superar agendas políticas confrontadas y avanzar hacia un marco legal capaz de garantizar equidad, participación y gestión democrática del agua, evitando que el debate se reduzca a presiones coyunturales y recuperando su sentido estratégico para la construcción de un proyecto nacional verdaderamente plurinacional.