El acceso a la tierra y el territorio en Colombia durante 2020 estuvo profundamente condicionado por la crisis sanitaria del COVID-19, el recrudecimiento de la violencia y la persistencia de desigualdades estructurales en el ámbito rural, afectando de manera particular a campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y firmantes del Acuerdo de Paz. La implementación de la Reforma Rural Integral mostró avances limitados y un marcado desfinanciamiento, mientras se intensificaron los conflictos asociados a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, el incumplimiento de acuerdos estatales, el avance de actividades extractivas y la criminalización de la protesta social. En este contexto, las organizaciones rurales desplegaron estrategias de autogobierno, control territorial y solidaridad comunitaria para enfrentar la pandemia, defender la vida y garantizar el abastecimiento alimentario. El escenario colombiano evidencia así la tensión entre un modelo de desarrollo que prioriza intereses extractivos y las demandas de los sujetos rurales por derechos territoriales, soberanía alimentaria, paz y justicia social, reafirmando la centralidad del territorio como eje de disputa y transformación social.