La mirada desde el Cusco evidencia que las políticas agrarias del Estado peruano han privilegiado históricamente a la agricultura empresarial orientada a la exportación, mientras la agricultura campesina —que sostiene la seguridad y soberanía alimentaria del país— permanece invisibilizada en diagnósticos, presupuestos y estrategias productivas. La menor rentabilidad del sector responde a múltiples factores estructurales: baja productividad, limitada asistencia técnica, infraestructura rural insuficiente, fragmentación de la propiedad, subutilización y erosión de tierras, así como una inversión pública decreciente y de escaso impacto. A pesar del crecimiento macroeconómico registrado en la última década, la brecha entre la agricultura empresarial y la campesina se profundiza, pues la producción de pequeña escala opera con escasos incentivos, enfrenta fallas severas en los mercados y recibe solo una fracción mínima del gasto estatal. Esta situación plantea un desafío urgente: reorientar las políticas sectoriales hacia el fortalecimiento de la agricultura campesina como base para un desarrollo rural inclusivo y sostenible.