Hablar de desarrollo rural en Chile implica enfrentar un concepto aún en disputa, cargado de tensiones políticas e históricas. La interrupción de la reforma agraria en 1973 y la posterior imposición del modelo neoliberal redefinieron profundamente el campo chileno: la liberalización del mercado de tierras, el auge del agroexportador y la concentración extrema de la propiedad crearon un panorama donde el campesinado quedó debilitado y, en muchos casos, proletarizado. Las políticas públicas posteriores no reconstruyeron un proyecto integral de desarrollo rural, sino que adoptaron un enfoque compensatorio destinado a mitigar los efectos sociales del modelo económico.

En este contexto, el Estado se enfocó en programas fragmentados —como los de INDAP y FOSIS— orientados a la inserción productiva o a la asistencia social, sin una estrategia coherente que articule territorio, economía y bienestar rural. Aunque hubo avances en conectividad y servicios básicos, persisten desigualdades estructurales. A esto se suma la tensión no resuelta respecto a los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, cuyos conflictos por tierras y recursos exceden los instrumentos institucionales existentes. Así, Chile carece de una política nacional de desarrollo rural, funcionando más bien a través de acciones descoordinadas que no logran responder a las demandas, identidades y proyectos de quienes habitan el mundo rural. El desafío central sigue siendo construir un enfoque verdaderamente participativo y sustentado en las realidades del territorio.