La virtualización de la educación en el contexto de la pandemia de COVID-19 profundizó desigualdades estructurales vinculadas al acceso a la infraestructura digital, los derechos tecnológicos y las condiciones económicas en Sudamérica, con especial impacto en territorios rurales e indígenas. Las respuestas estatales frente a la interrupción educativa evidenciaron brechas significativas entre países y al interior de ellos, determinadas por el costo del internet, la cobertura de banda ancha, la calidad del servicio y la disponibilidad de electricidad. En Bolivia, estas limitaciones se expresaron con mayor fuerza en áreas rurales y amazónicas, donde el acceso a la conectividad depende principalmente de tecnologías móviles de baja velocidad y alto costo, afectando la continuidad educativa de niñas, niños y jóvenes. En este escenario, las comunidades indígenas y campesinas desplegaron estrategias de adaptación y resiliencia para sostener la educación virtual, aun en condiciones precarias, lo que pone en evidencia la urgencia de consolidar los derechos digitales como parte integral de los derechos humanos y de las políticas de desarrollo territorial, desde una perspectiva que incorpore las realidades y experiencias de los pueblos rurales.