Hablar del derecho a la tierra en Sudamérica implica reconocer una contradicción profunda: mientras los gobiernos producen declaraciones, normativas y compromisos formales, en la práctica persiste una violencia creciente que cobra la vida de líderes campesinos e indígenas que luchan por acceso, restitución y seguridad jurídica sobre sus territorios. El documento muestra cómo, en países como Paraguay, Colombia y Brasil, el asesinato de defensores de la tierra revela los límites y la fragilidad de las políticas públicas frente al poder del crimen organizado, las élites terratenientes y la presión extractivista, en un contexto regional marcado por especulación, deforestación, megaproyectos y tensiones en los bloques de integración. El reto central es que las promesas de desarrollo e inclusión no se queden en discursos: sin garantizar la vida y la protección de quienes defienden un derecho humano esencial, toda agenda de desarrollo rural seguirá siendo letra muerta.