El Derecho a la Consulta en Sudamérica se ha convertido en un eje central de los conflictos entre pueblos indígenas, gobiernos y empresas extractivas. Aunque reconocido en constituciones, leyes y convenios internacionales, el documento muestra que su aplicación real está atravesada por tensiones profundas entre las promesas del discurso y las prácticas estatales. La consulta previa, libre e informada debería garantizar autonomía, participación y protección territorial, pero en la práctica choca con modelos de desarrollo que priorizan la explotación de recursos naturales. Desde Bolivia hasta Colombia y Perú, los ejemplos evidencian cómo la omisión o manipulación de la consulta genera crisis sociales, marchas indígenas y decisiones judiciales que intentan frenar abusos, sin lograr modificar del todo la lógica extractivista. El desafío para la región es demostrar que puede cumplir este derecho no solo como requisito formal, sino como mecanismo real de diálogo, respeto y construcción de políticas que reconozcan a los pueblos indígenas como sujetos plenos de decisión sobre sus territorios.