Caracterizar el debate sobre desarrollo rural en el Ecuador supone aceptar que las transformaciones del campo no pueden explicarse sólo desde el Estado ni desde las comunidades, sino desde la interacción conflictiva entre ambos. Esta mirada se sostiene en supuestos exigentes: que la investigación agraria será capaz de construir nuevos paradigmas; que las organizaciones indígenas mantendrán su capacidad de incidir en las políticas públicas; y que la academia podrá influir en las reformas estructurales del sector agrario. Sin embargo, la ruptura institucional de los años neoliberales, la presión empresarial y la debilidad estatal han fragmentado el campo de acción. El desafío es reconstruir una agenda compartida capaz de traducir el conocimiento acumulado en políticas efectivas para el mundo rural ecuatoriano.