Plantear que el Consejo Agropecuario del Sur constituye una herramienta estratégica para el desarrollo rural implica asumir que la coordinación ministerial puede traducirse en políticas regionales consistentes, algo que aún debe demostrarse. Esta idea descansa en supuestos exigentes: que los países miembros podrán sostener agendas comunes, que la cooperación técnica logrará superar diferencias institucionales y que la investigación regional será la base de decisiones conjuntas frente al cambio climático. Sin embargo, persisten vacíos en su operatividad, jerarquía institucional y capacidad de incidencia. El desafío es consolidar este espacio como articulador efectivo, capaz de transformar acuerdos técnicos en acciones que fortalezcan la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sudamericano.