Las compras públicas en Bolivia representan una herramienta estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y promover la inclusión de pequeños productores campesinos, indígenas y de la agricultura familiar en los mercados estatales. A pesar de existir un amplio marco normativo que prioriza la compra preferencial a estos sectores, su participación efectiva sigue siendo reducida debido a contradicciones con otras regulaciones, exigencias sanitarias inadecuadas, debilidades estructurales de la oferta productiva y fallas en la planificación y gestión de la demanda pública. Estas barreras dificultan la construcción de relaciones comerciales estables y sostenibles entre productores locales y gobiernos municipales, especialmente en programas como la Alimentación Complementaria Escolar. En conjunto, el desafío consiste en repensar los mecanismos de compra pública, adecuar los requisitos institucionales y articular mejor a los actores locales para que el poder de compra del Estado contribuya realmente al desarrollo rural y a la soberanía alimentaria.