La creciente modernización de los países andinos ha ampliado el acceso de las familias rurales a infraestructuras, servicios y bienes de consumo, pero este avance convive con profundas desigualdades en las oportunidades económicas para la agricultura familiar campesina, que continúa siendo el principal sostén de la población rural. Aunque los programas estatales han mejorado ciertos indicadores sociales, persisten limitaciones estructurales en el acceso a tierra, agua, crédito, asistencia técnica y mercados, mientras que las inversiones públicas favorecen mayoritariamente a la agroexportación y a los cultivos destinados a cadenas globales. En este escenario, los pequeños productores enfrentan condiciones comerciales precarias, dominadas por intermediación desigual y por un sector supermercadista cada vez más concentrado, que excluye a quienes no pueden cumplir sus exigencias de volumen, calidad y estandarización. Frente a ello, emergen alternativas como los circuitos cortos de comercialización, que promueven relaciones más equitativas y transparentes entre productores y consumidores, pero cuyo impacto depende de la capacidad de los Estados para adoptar políticas de regulación e inclusión que transformen de manera sostenida las estructuras que históricamente han marginado a la agricultura campesina.