El gobierno de Jair Bolsonaro se inscribe en un contexto de profundización del ultraliberalismo, el extractivismo y la persecución política, con efectos directos sobre los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales en Brasil. La subordinación del Estado a los intereses del agronegocio, la minería, el capital financiero y las grandes corporaciones ha intensificado la explotación de la naturaleza, el desmantelamiento de la política ambiental y el debilitamiento de la reforma agraria, generando un aumento significativo de los conflictos territoriales y de la violencia en el campo, particularmente en la Amazonía. La reducción de las demarcaciones de tierras indígenas, el avance de la grilagem, la concentración de la tierra y la criminalización de liderazgos sociales reflejan una ruptura institucional iniciada en 2015 y consolidada bajo el actual gobierno. Frente a este escenario, los movimientos sociales mantienen procesos de articulación, resistencia y lucha colectiva que buscan defender los territorios, la diversidad cultural y los derechos históricos frente a un modelo de desarrollo que prioriza la acumulación económica sobre la vida y la justicia social en Brasil.