La construcción histórica de los derechos humanos ha estado marcada por disputas políticas, sociales y culturales que, con el tiempo, dieron lugar a instrumentos internacionales orientados a la protección de la dignidad humana y a la ampliación de derechos para grupos históricamente excluidos. En este marco, los derechos de las mujeres, y de manera particular los de las mujeres campesinas e indígenas, han ido ganando reconocimiento a través de normativas como la CEDAW y la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, que destacan su papel central en la producción alimentaria, la preservación de saberes tradicionales y la relación equilibrada con la naturaleza. Sin embargo, la persistencia de desigualdades estructurales, discriminación de género y limitaciones en el acceso a la tierra, los recursos y la toma de decisiones evidencia que la vigencia formal de estos instrumentos no garantiza su aplicación efectiva. Frente a las crisis ambientales, alimentarias y sociales actuales, se vuelve imprescindible fortalecer la implementación de estos marcos normativos, incorporando enfoques de género, interculturalidad y derechos colectivos que permitan avanzar hacia modelos de desarrollo rural más justos y sostenibles.