El análisis de la relación entre agricultura campesina y minería en el Perú revela una tensión estructural que marca el rumbo del desarrollo nacional. Aunque el nuevo gobierno genera expectativas de inclusión y cambios, el documento muestra que el modelo heredado privilegió durante años la gran inversión minera y agroexportadora, relegando a la agricultura familiar que sostiene la alimentación del país. La paradoja es que, mientras la pequeña agricultura aporta empleo, alimentos y presencia territorial, su acceso a inversión pública e infraestructura ha sido mínimo, coexistiendo con un avance acelerado de los derechos mineros sobre zonas campesinas. Esto ha producido superposiciones crecientes entre territorios agrícolas y concesiones extractivas, generando disputas por tierra, agua y soberanía local. El reto para el Estado es demostrar que puede equilibrar estas fuerzas: proteger a las comunidades rurales, fortalecer la agricultura familiar y gestionar los conflictos socioambientales con políticas más transparentes, participativas y capaces de revertir décadas de exclusión.