Plantear una agenda nacional de desarrollo rural en Bolivia implica asumir que la nueva Constitución es capaz de transformar estructuras arraigadas: que la economía plural podrá equilibrar intereses estatales, privados y comunitarios; que la distribución de tierras permitirá fortalecer la producción familiar e indígena; y que el Estado podrá conducir una política rural coherente en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, la brecha entre la normativa ambiciosa y las capacidades institucionales sigue siendo profunda: persisten indefiniciones, vacíos de coordinación, limitaciones financieras y debates conceptuales aún abiertos. El desafío es convertir la apuesta constitucional en políticas efectivas que garanticen soberanía alimentaria y una integración territorial sólida para el mundo rural boliviano.