La experiencia desarrollada en el árido sanjuanino muestra cómo el reconocimiento del agua como derecho humano solo adquiere eficacia cuando las comunidades organizadas logran articular sus demandas con instituciones estatales capaces de responder a realidades históricamente postergadas. Frente a un contexto marcado por políticas que durante décadas favorecieron intereses privados y agravaron la escasez hídrica en zonas rurales, las comunidades Huarpe y los puesteros del departamento 25 de Mayo emprendieron un proceso colectivo que combinó denuncia pública, incidencia institucional y participación directa en la planificación de soluciones. La articulación entre organizaciones locales, organismos provinciales y el Estado nacional permitió avanzar en obras de captación, almacenamiento y distribución de agua, así como en la creación de estructuras comunitarias de gestión que fortalecieron la autonomía y la capacidad de decisión de los pobladores. Este proceso evidencia que la garantía del derecho al agua en territorios vulnerables depende no solo de infraestructura, sino del empoderamiento social y de la construcción de mecanismos de autogobierno capaces de revertir décadas de exclusión.