El acceso a la tierra y el territorio en Perú durante 2020 estuvo atravesado por una profunda crisis política, social y sanitaria, que evidenció tanto la fragilidad institucional del país como la centralidad de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria nacional. En un contexto de alta informalidad laboral, precariedad del sistema de salud y conflictividad política, la pandemia del COVID-19 agudizó las desigualdades estructurales y visibilizó las limitaciones de las políticas públicas rurales, especialmente en materia de titulación colectiva de comunidades campesinas e indígenas. Si bien se registraron avances en la titulación de predios individuales y en programas de apoyo a pequeños productores, persistieron conflictos socioambientales vinculados a actividades extractivas, a la flexibilización de la consulta previa y al despojo territorial. Frente a este escenario, las organizaciones campesinas e indígenas fortalecieron acciones de defensa territorial, exigencia de derechos y propuestas normativas orientadas a la soberanía alimentaria, la protección ambiental y el reconocimiento pleno de los derechos territoriales como base para un desarrollo rural sostenible en el país.