Las investigaciones desarrolladas por el IPDRS durante los años 2020 y 2021 evidencian que la pandemia del Covid-19 profundizó en Bolivia y en Sudamérica un conjunto de crisis preexistentes en los ámbitos sanitario, económico, social y político, afectando de manera particular a la población rural, campesina, indígena y afrodescendiente. En un contexto de paralización del transporte y cierre de fronteras, se puso en valor la fortaleza de los sistemas agroalimentarios locales, las redes comunitarias y las prácticas de solidaridad, al tiempo que se evidenciaron las debilidades estructurales de los mercados urbanos, la presión sobre los territorios y la persistencia de la violencia contra las tierras comunales. La crisis también impactó negativamente en la democracia, la participación social, la educación, la economía familiar y las condiciones de vida de mujeres y jóvenes, incrementando las desigualdades y las cargas de cuidado. Frente a este escenario, las experiencias de autogobierno, organización comunitaria y adaptación local demostraron una alta capacidad de resiliencia social, planteando la necesidad de transiciones profundas que fortalezcan los derechos colectivos, la gestión comunitaria de los territorios y un desarrollo rural integral que priorice la vida por encima de las lógicas extractivas y de mercado en Bolivia y la región.