La pandemia del Covid-19 profundizó en Bolivia los conflictos estructurales vinculados al acceso a la tierra y el territorio, en un contexto marcado por crisis política, reconfiguración del poder estatal y consolidación de un modelo extractivista impulsado como estrategia de reactivación económica. Durante este periodo, el avance de la minería, la ampliación de la frontera agrícola, la autorización de semillas transgénicas y la persistencia de incendios forestales intensificaron la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, afectando de manera directa sus territorios, medios de vida y formas de autodeterminación. A pesar de los avances históricos en saneamiento y titulación de tierras, el reconocimiento efectivo de los territorios indígenas se estancó, mientras crecieron los avasallamientos, la mercantilización de la tierra y la conflictividad socioambiental. Frente a este escenario, las organizaciones indígenas y campesinas desplegaron acciones de control territorial, autoaislamiento, producción comunitaria de alimentos, ejercicio de la justicia indígena y demandas políticas orientadas a la defensa de los derechos colectivos, evidenciando la centralidad del territorio como eje fundamental para la reproducción de la vida, la protección ambiental y la construcción de un desarrollo rural intercultural y sostenible en Bolivia.