La crisis multidimensional que atraviesa Venezuela se ha profundizado de manera acelerada en los últimos años, configurando un escenario de empobrecimiento masivo, colapso productivo y debilitamiento institucional que afecta de forma especialmente grave a las poblaciones rurales, campesinas e indígenas. La caída sostenida del aparato productivo, la hiperinflación, la escasez de combustible y la parálisis de las políticas agrarias han deteriorado severamente la producción agrícola y el acceso a la tierra, mientras que la pandemia del Covid-19 agravó las condiciones de subsistencia y limitó aún más la acción pública. En paralelo, la expansión del extractivismo minero en territorios indígenas, particularmente en el Arco Minero del Orinoco, ha generado profundos impactos sociales, ambientales y culturales, incluyendo militarización, violencia, degradación de ecosistemas y vulneración sistemática de derechos colectivos. En este contexto de desinstitucionalización y conflictividad, las acciones campesinas e indígenas se han visto fragmentadas y debilitadas, evidenciando la urgencia de reconstruir marcos regulatorios, políticas públicas e instituciones que permitan garantizar el acceso equitativo a la tierra, la protección de los territorios y la reproducción de la vida rural en Venezuela.