El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en Colombia se ha desarrollado de manera limitada y desigual en comparación con otros sujetos rurales como los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que ha generado una histórica invisibilización jurídica, política y social. En el marco del debate constitucional y del derecho internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales emerge como una herramienta clave para fortalecer el ejercicio de derechos vinculados al reconocimiento, la redistribución y la participación política del campesinado. La ausencia de un reconocimiento explícito y robusto ha incidido en la persistencia de desigualdades territoriales, pobreza rural y estigmatización de las organizaciones campesinas, agravadas por el conflicto armado y el modelo extractivista. En este contexto, la eventual ratificación y aplicación de la Declaración representa una oportunidad estratégica para ampliar la protección jurídica, fortalecer la jurisprudencia constitucional y avanzar hacia un modelo de desarrollo rural más justo, democrático e incluyente en Colombia.