La aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales constituye un hito político y normativo resultado de una prolongada lucha de organizaciones campesinas, sociales y de algunos Estados, orientada a reducir las profundas desigualdades que enfrenta la población rural. Esta Declaración reconoce a los campesinos, trabajadores rurales, pueblos indígenas y comunidades locales como sujetos de derechos, incorporando de manera explícita la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a los recursos naturales, así como la necesidad de protegerlos frente a la violencia, el despojo y la degradación ambiental. Asimismo, promueve una visión comunitaria del territorio, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el derecho humano al desarrollo, al tiempo que interpela a los Estados a adoptar reformas agrarias, garantizar el acceso efectivo a la justicia y fortalecer la participación y organización del sector rural. En el contexto sudamericano, la Declaración se presenta como una oportunidad clave para visibilizar las demandas históricas del campesinado y avanzar hacia modelos de desarrollo rural más justos, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos.