La expansión del COVID-19 en Guatemala puso en evidencia la alta vulnerabilidad social, económica y organizativa de las comunidades rurales, que enfrentan la crisis con limitaciones estructurales en acceso a salud, servicios básicos, comunicación y medios de subsistencia. Las medidas gubernamentales orientadas a paliar la emergencia sanitaria y económica muestran avances parciales, pero generan incertidumbre en su implementación territorial, especialmente en la distribución de bonos, el acceso a créditos y la cobertura real de los sectores más empobrecidos. En este contexto, la organización comunitaria ha desempeñado un rol central en el monitoreo de las políticas públicas, la identificación de familias vulnerables y la fiscalización del uso de recursos, buscando evitar prácticas clientelares y garantizar una distribución más justa de la ayuda. Al mismo tiempo, la debilidad del sistema de salud y la limitada capacidad de diagnóstico refuerzan la necesidad de fortalecer las respuestas comunitarias, la articulación con autoridades locales y la participación social como pilares fundamentales para enfrentar la crisis y proteger la vida en los territorios rurales guatemaltecos.