El estallido social iniciado en octubre de 2019 en Chile puso en evidencia el agotamiento del modelo neoliberal y las profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales acumuladas durante décadas, especialmente en ámbitos como la salud, la educación, el agua, las pensiones y el desarrollo rural. La Constitución vigente, heredada de la dictadura cívico-militar, se identifica como un obstáculo estructural para la garantía de derechos, la participación democrática y la protección de los territorios rurales, al consolidar la mercantilización de la tierra y del agua y favorecer la concentración de recursos en manos de grandes grupos económicos. En este contexto, la demanda por una nueva Constitución emerge como una expresión central de las movilizaciones sociales, abriendo la posibilidad de un proceso constituyente orientado a redefinir el rol del Estado, reconocer la plurinacionalidad, fortalecer la soberanía sobre los bienes naturales y sentar bases jurídicas para un desarrollo rural más justo, participativo y territorialmente equilibrado en Chile.