La discusión sobre la protección de las semillas pone en evidencia una tensión central entre los marcos jurídicos que promueven su mercantilización y el enfoque que las concibe como bienes comunes fundamentales para la autonomía de los pueblos. Frente al avance de mecanismos legales y tecnológicos que facilitan el acaparamiento corporativo de las semillas, se destacan las resistencias campesinas e indígenas orientadas a la conservación, el intercambio y la reproducción de semillas nativas y criollas como base de la soberanía alimentaria. La certificación y los derechos de propiedad intelectual, lejos de garantizar protección, tienden a reforzar la dependencia de los territorios y la subordinación de los sistemas agrícolas locales a los mercados globales. En este contexto, el enfoque de los bienes comunes propone una gestión colectiva de las semillas, articulada con la defensa del territorio, la cultura y los conocimientos tradicionales, como una alternativa política y ética frente a la privatización de la biodiversidad en América Latina.