El uso intensivo de plaguicidas altamente tóxicos en Bolivia se ha incrementado de manera alarmante en las últimas décadas, en estrecha relación con la expansión del modelo agroindustrial, particularmente del cultivo de soya genéticamente modificada. A pesar de la existencia de normativas nacionales e internacionales orientadas a la protección de la salud humana y del medio ambiente, persiste la importación, comercialización y uso —legal e ilegal— de sustancias prohibidas o altamente peligrosas, muchas de ellas vetadas en otros países. Diversos estudios evidencian la presencia de residuos de plaguicidas en alimentos de consumo cotidiano y en la leche materna, revelando graves riesgos sanitarios y ambientales que afectan de forma desproporcionada a poblaciones rurales y urbanas. Esta situación pone en evidencia las debilidades del control estatal, la presión de los intereses agroindustriales y la necesidad urgente de revisar la legislación vigente, fortalecer la fiscalización, combatir el contrabando y promover la agroecología como alternativa para garantizar el derecho a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano.