La situación de los derechos indígenas en Venezuela se caracteriza por una profunda brecha entre el amplio reconocimiento constitucional alcanzado desde 1999 y su escasa materialización en la práctica política, jurídica e institucional. A pesar de contar con un despliegue normativo sin precedentes en materia de derechos indígenas —particularmente en lo referido a la libre determinación, la tierra, el territorio y los derechos culturales—, estos continúan siendo sistemáticamente postergados debido a la debilidad institucional, la falta de voluntad política y la ausencia de políticas públicas construidas desde los propios pueblos indígenas. La no concreción de la demarcación territorial, condición esencial para el ejercicio de los demás derechos, evidencia un incumplimiento estructural del Estado venezolano, agravado por procesos de cooptación política, burocratización de la reivindicación indígena y la incertidumbre generada por la Asamblea Nacional Constituyente. En este contexto, los derechos indígenas permanecen como una deuda histórica, cuya garantía efectiva requiere la reconstrucción institucional, la desideologización de lo indígena y la apropiación del derecho por parte de los pueblos y comunidades como sujetos colectivos de transformación.