El renovado impulso a las negociaciones del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur se desarrolla en un contexto marcado por la primacía de los intereses del agronegocio y la marginalización de la agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente en los procesos de decisión. Aunque el acuerdo es presentado como una oportunidad de integración y crecimiento económico, las discusiones se concentran en la apertura de mercados para productos agroindustriales, con escasa consideración de los impactos sociales, territoriales y ambientales que ello implica para los pueblos rurales de Sudamérica. La lógica mercantil dominante refuerza la concentración de tierras, la deforestación y la subordinación de los productores más pequeños, mientras los Estados priorizan la competitividad externa por encima de la sostenibilidad y la protección de sus poblaciones. En este escenario, la ausencia de una participación efectiva de los sectores campesinos y la falta de transparencia en las negociaciones evidencian una crisis profunda del proyecto de integración regional, cada vez más alejado de los intereses y derechos de las mayorías rurales.