El proceso constituyente en Venezuela plantea serias tensiones respecto a la vigencia y el futuro de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos formalmente en la Constitución de 1999 pero escasamente materializados en la práctica. La fragmentación de los territorios indígenas, la cooptación de sus organizaciones, la débil demarcación de tierras y la expansión de actividades como la minería ilegal han erosionado derechos fundamentales vinculados al territorio, la identidad cultural, la consulta previa, la salud y las prácticas económicas tradicionales. En un contexto de alta polarización política y ausencia de condiciones democráticas para el debate, la nueva iniciativa constituyente aparece más como un riesgo de regresión que como una oportunidad de ampliación de derechos, al no contar con un movimiento indígena fortalecido ni con mecanismos de participación genuina. En conjunto, se advierte que cualquier reforma constitucional solo tendría legitimidad si contribuye a consolidar derechos existentes, promover el reconocimiento intercultural y avanzar desde la consagración formal hacia el ejercicio efectivo de los derechos indígenas en el país.