La creciente expansión del agronegocio y de las actividades extractivas en Sudamérica ha intensificado las presiones sobre comunidades indígenas y campesinas, poniendo en riesgo la propiedad colectiva de la tierra y los derechos asociados al territorio. Frente a este escenario, la defensa de los regímenes colectivos se plantea como una estrategia multidimensional que articula argumentos políticos, económicos, culturales y ambientales, reconociendo la tierra no solo como un bien productivo, sino como la base de identidades, formas de vida y procesos de autodeterminación. La propiedad colectiva aparece así como un mecanismo que favorece la equidad, la sostenibilidad, la gestión compartida de los recursos naturales y la capacidad de resistencia frente a amenazas externas. En conjunto, se sostiene que fortalecer la tenencia colectiva de la tierra resulta fundamental para el futuro del desarrollo rural, la protección ambiental y la construcción de sociedades más justas en el contexto sudamericano.