El conflicto por el acceso y la tenencia de la tierra en la provincia de San Juan, Argentina, pone en evidencia la persistente vulneración de los derechos territoriales de pueblos originarios y comunidades campesinas frente a intereses privados respaldados por títulos formales que desconocen la ocupación ancestral. A pesar de que el marco constitucional y legal argentino reconoce la posesión comunitaria y la función social de la tierra, su aplicación resulta contradictoria y desigual, facilitando desalojos, alambrados y avasallamientos que profundizan la conflictividad social. Frente a esta situación, las comunidades afectadas han desarrollado estrategias de resistencia basadas en la organización colectiva, la acción judicial y la visibilización mediática, logrando frenar algunos intentos de despojo. Sin embargo, la falta de regularización efectiva de la tenencia y la implementación incompleta de políticas públicas continúan configurando un escenario de alta incertidumbre y fragilidad para el futuro de los territorios ancestrales.