La problemática del acceso a la tierra en Argentina se ha profundizado como resultado de un proceso histórico de concentración agraria que ha favorecido a medianos y grandes propietarios, así como a inversores nacionales y extranjeros, en detrimento de pequeños campesinos y pueblos indígenas. Aunque el Estado ha impulsado algunas iniciativas para regular la extranjerización y formalizar la tenencia de la tierra, estas medidas han resultado insuficientes para revertir la desigualdad estructural ni para garantizar seguridad jurídica a los sectores más vulnerables. La persistencia de desalojos, conflictos territoriales, fumigaciones y persecución a dirigentes indígenas evidencia una brecha entre el marco legal existente y su aplicación efectiva. En este contexto, la lucha por la tierra y el territorio se expresa tanto en la movilización social como en la búsqueda de reconocimiento institucional, revelando que el problema agrario continúa siendo un eje central de conflicto social, político y económico en el país.