La articulación contemporánea entre derechos humanos y pueblos indígenas en Latinoamérica refleja el resultado de un largo proceso mediante el cual las organizaciones indígenas decidieron apropiarse estratégicamente de un lenguaje jurídico occidental para traducir sus demandas en términos capaces de generar legitimidad moral, solidaridad internacional y reconocimiento estatal. Al reformular categorías como universalidad e individualidad desde sus propias cosmovisiones, los pueblos indígenas no solo lograron visibilizar exclusiones históricas, sino que también impulsaron la transformación del propio discurso de los derechos humanos hacia marcos más inclusivos, pluriculturales y democráticos. Hitos como la conferencia de Ginebra de 1977, el fortalecimiento de redes transnacionales y los procesos de lobby indígena en organismos internacionales consolidaron un movimiento capaz de disputar normas, promover derechos específicos - como consulta previa, autonomía y educación intercultural - y reconfigurar la comprensión global de la diversidad cultural. El reto consiste en demostrar que estos avances no son concesiones formales, sino herramientas reales para garantizar justicia, autodeterminación y reconocimiento pleno de los pueblos indígenas.